sábado, 12 de agosto de 2017

SOBRE LAS MEDIDAS DE GARANTÍA DE SERVICIOS ESENCIALES EN CASO DE HUELGA. A PROPÓSITO DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL PRAT.

            Me dispongo a realizar un comentario de emergencia, haciendo un hueco en mis vacaciones, con objeto de aclarar algunos aspectos relativos a las eventuales facultades del Gobierno, en orden a adoptar medidas en el aeropuerto de El Prat, ante la falta de solución a la huelga del personal que tiene encomendadas las tareas de seguridad en aquellas dependencias. En particular, me pongo a ello tras constatar que con cierta frecuencia, los diversos comentarios vertidos en las redes sociales, incurren en ciertos errores de concepto, y por tanto imprecisiones.  Intentaré explicar la cuestión de la forma más resumida y asequible que permita la materia.
            En primer lugar, el derecho de huelga presenta en España una peculiaridad. Esta es que su íntegra regulación proviene de una norma preconstitucional, el RDL 17/1977 de 4 de marzo, pero no en su texto original, sino en el derivado de la depuración e interpretación realizada por la STC 11/1981 de 11 de abril, que adecuó su contenido a las exigencias constitucionales. Desde el inicio de la democracia, los laboralistas hemos aplicado la norma indicada, así como los diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, no solo la sentencia ya reseñada, sino una copiosa doctrina posterior, que ha conformado de facto el régimen del derecho de huelga.
            En segundo  lugar, no nos interesan ahora otros aspectos del ejercicio del derecho de huelga, sino solamente lo que se refiere a su eventual limitación cuando concurren circunstancias especiales. Aquí debemos recordar que la huelga tiene rango de derecho fundamental, y por ello precisa de una protección espacialmente intensa. Ahora bien, ningún derecho es ilimitado, y tampoco los fundamentales. Incluso los dos más sagrados, la vida y la libertad, se ven sometidos a los límites impuestos por la legítima defensa y el ejercicio por el estado del ius puniendi.  El derecho de huelga tiene también sus condicionamientos. En otros países, por ejemplo, se llega incluso a excluir del derecho a colectivos enteros de trabajadores.
            En nuestro caso, y por lo que ahora interesa,  la STC 11/1981 que acabamos de aludir, concluyó la constitucionalidad del art. 10.2 del RDL 17/1977, que permite la adopción de medidas necesarias, incluso de intervención, cuando la huelga afecte a servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, para garantizar la prestación de los servicios.
            Aquí debemos realizar una precisión importante. La norma permite la adopción de lo que la doctrina ha denominado medidas de garantía del desarrollo de servicios especialmente significados. Por tanto, medidas de garantía es el género. ¿Y cuáles son las especies?. Pues pueden ser de diversos tipos, y en esto no hay discrepancia en la doctrina. Para garantizar la prestación de servicios esenciales, la autoridad administrativa, e incluso si es necesario el Gobierno, pueden adoptar un abanico de medidas, que van desde la imposición de servicios mínimos, hasta la imposición del arbitraje obligatorio, pasando por atribuir la realización de los servicios directamente a personal de la administración, o la militarización del personal en huelga, aunque esto último solo es posible previa declaración de los estados de alarma, excepción o sitio. Así lo dicho también la STC 53/1986 de 5 de mayo: “Qué tipo de «garantías» ordenadas al mantenimiento de los servicios esenciales pueden ser adoptadas sin menoscabo del derecho consagrado en el art. 28.2 C.E. es cuestión que no puede ser resuelta apriorísticamente, remitiendo a la ponderación, de un lado, de las circunstancias concurrentes en la huelga y en la comunidad sobre la que incide (extensión territorial, duración, etc.), y, de otro, a la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que repercute. La valoración de estos factores ha de servir precisamente para enjuiciar la acomodación constitucional de las «garantías» adoptadas, esto es, para elucidar la adecuación y proporcionalidad entre la protección del interés de la comunidad y la restricción impuesta al ejercicio del derecho de huelga”.
            Así que esto es importante: aunque el supuesto más frecuente, y de hecho casi exclusivo de adopción de medidas de garantía, es la imposición de servicios mínimos, y por ello a esta se ha dedicado el mayor esfuerzo jurisprudencial y doctrinal, todas las demás son igualmente posibles, con independencia de los servicios mínimos. Por eso mismo, esto es, porque el resto de medidas de garantía no se han aplicado, o han sido excepcionales, según los casos, existe muy poco dicho sobre ellas, aunque no cabe tampoco duda de que una medida de garantía distinta a la imposición de servicios mínimos, debe contar, como mínimo, con las mismas garantías que las elaboradas en relación a éstos.
            La consecuencia de lo que acabo de decir, es que si concurre causa suficiente para ello, la autoridad gubernativa competente en el caso puede aplicar servicios mínimos, como así ha ocurrido en el caso de El Prat. Y además, el Gobierno puede adoptar medidas de garantía complementarias previas, simultáneas o posteriores. Ahora bien, lo normal es suponer que serán siempre posteriores, como ya ocurrió en el caso que luego comentaremos brevemente, porque dada la excepcionalidad de cualquier otra medida de garantía, lo normal es que el Gobierno, cualquier que sea su color, quiera cargarse de razones, y dejar que se muestre por sí misma la excepcionalidad de la situación.
            En tercer lugar, si las medidas de garantía tiene por objeto la salvaguarda de servicios esenciales (digámoslo así por simplificar, ya que en esto existe abundante literatura), ¿cuáles podemos tener como tales?. Pues en esto el TC ha realizado una importante labor de identificación, y en una larga serie de resoluciones ha elaborado lo que podríamos calificar como un auténtico catálogo de servicios esenciales, que no puede considerarse cerrado ni taxativo, y que no podemos transcribir aquí, pero para que se hagan una idea incluye la radio televisión, actividad portuaria, aérea, metalurgia y sector minero, recogida de basuras, diversos tipos de transportes, fabricación de automóviles, la educación, etc.
            Entonces, la actividad de seguridad privada en un aeropuerto ¿es servicio esencial?. Pues si, podemos afirmarlo sin necesidad de recurrir a mayores consideraciones, porque el Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada en situaciones de huelga, ya se encargó de decir que los servicios de seguridad en los transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.) y en los centros de telecomunicaciones, constituyen servicios esenciales de la comunidad. Por cierto, da exactamente igual si la competencia originaria de la seguridad en tales dependencias puede o no atribuirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como da igual que el servicio se atribuyera o no a una empresa privada previa adjudicación. Y da igual porque como también señaló la STC 53/1986 ya reseñada, los servicios esenciales no dependen de “la titularidad, pública o privada, del servicio en cuestión”, sino “del carácter del bien satisfecho”.
            En cuarto lugar. Si existe la posibilidad legal, y el servicio en cuestión es esencial, ¿concurre la causa que habilita una medida de garantía como la adscripción de la Guardia Civil, tal como se ha anunciado por el Gobierno?. En este voy a ser más prudente que algunos de los comentarios vistos en las redes sociales y medios de comunicación, que han dado por sentado una cosa o la contraria, seguramente más en función de las propias convicciones que de la consideración del conjunto de los factores concurrentes, en todo caso complejos.
            Solo diré que por lo conocido hasta el momento, la concurrencia de situación excepcional no parece en absoluto disparatada. En esto los comentaristas contrarios a la adopción de medidas, se centran simplemente en afirmar que el hecho de que haya colas y molestias, constituye un efecto natural de las huelgas. Argumento que tendría su peso si se tratara de supermercados, pero que es difícilmente asumible en el caso de un aeropuerto. Por el desarrollo de la misma huelga, con notables peculiaridades, por la mayor facilidad para que se pierdan viajes y enlaces, y la repercusión en el normal desenvolvimiento del transporte aéreo de personas, y por la saturación de público en sus dependencias, con los inevitables problemas de seguridad y salubridad.  Si a ello se une que nos encontramos en alerta antiterrorista 4 (sobre 5), y en uno de los momentos del año más delicados y densos del desenvolvimiento del sector turístico en nuestro país, entonces quizás haya que pensarse dos veces lo que debe hacerse en el caso.
            Pero esto no es más que una elucubración, porque a quien corresponde justificar la medida y su oportunidad y proporcionalidad, es al Gobierno, caso de que adopte la medida en cuestión, porque como ya dijimos, sería aplicable al caso las mismas exigencias y garantías formales, como mínimo, que a la adopción de servicios mínimos.
            Solo me queda por realizar una precisión complementaria. Esto es que una medida más drástica que la adscripción de personal público (Guardia Civil en nuestro caso), tuvo ya lugar en diciembre de 2010, cuando el Gobierno militarizó al personal de control aéreo, para lo cual, como también anunciamos, fue necesario declarar el estado de alarma (Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo), y poner el control aéreo bajo mando militar (Real Decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se encomienda transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial AENA).
            Una cosa sobre esto. La causa de tales medidas, bien drásticas sin lugar a dudas, fue los efectos devastadores de la huelga de los controladores aéreos, que llevó a la autoridad aeroportuaria a cerrar el espacio aéreo el 3 de diciembre de 2010, en una decisión de carácter puramente administrativo, y no debida, como he leído en algún lugar, a una norma general. Del mismo modo que los Reales Decretos citados constituyen también el resultado de la actuación administrativa (y no legislativa delegada), aunque el que declara el estado de alarma se asimila, como ha señalado el TC, a una norma general, por su peculiar naturaleza y efectos.

            En fin, quedamos a la espera de los acontecimientos para poder ampliar criterio sobre la situación. Espero que les haya resultado útil.

jueves, 27 de abril de 2017

SOBRE EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE LOS JUECES ESPAÑOLES

            Como es bien sabido, y dicho de manera muy simplista para no hacer demasiado extenso este post, el fundamental sistema de selección de los jueces españoles es el de oposición, o de concurso de méritos y oposición en el caso del tercer y cuarto turnos, que en todo caso no inciden sobre este factor esencial: que para ser juez en España, debe acreditarse previamente un conocimiento excelente del derecho español. Después de esta primera fase, el aspirante debe superar un periodo formativo en el Escuela Judicial, de carácter práctico. Una persona no aprueba la oposición para ser juez, sino para entrar a la Escuela Judicial, que luego le permite ser juez, lo cual es muy distinto.
            Ahora bien, para valorar si este sistema es o no el adecuado, no pueden realizarse valoraciones aisladas, que resultan por sí solas irresponsables, porque el sistema de acceso de los jueces en todos los países del mundo, está indisolublemente ligado  a otros aspectos institucionales. Aquí somos demasiado dados a adentrarnos en cualquier ámbito de crítica sin más base que nuestras filias o fobias personales, y esto, que nunca resulta recomendable, resulta catastrófico siempre en el campo del derecho. Veamos primero qué aspectos vinculados son esos, y luego las críticas más comunes.
            A.- El sistema de selección de los jueces, se vinculan siempre y de manera inexcusable a tres factores esenciales: el sistema político constitucional, el sistema de fuentes, y en consecuencia, la base de la legitimación del poder judicial. Veamos esto con un ejemplo. En los sistemas anglosajones, la legitimidad de los jueces es mixta, por un lado de carácter técnico, en cuanto siempre se espera de un juez la sumisión a un orden jurídico preestablecido, y por otro lado política. Esto último significa que se permite que el juez, cuando se enfrenta a situaciones complejas y una regulación incompleta, integre e interprete de acuerdo con un universo de creencias, tanto intelectuales como emocionales, en virtud de las cuales ha sido elegido o nombrado. De manera coherente con esto, los países anglosajones se rigen por un sistema de precedentes, quedando vinculados los jueces por los pronunciamientos judiciales previos. Por eso en EEUU, los jueces son, o nombrados por el presidente (todos los jueces federales), o nombrados por el gobernador de cada estado, o elegido por los electores, según de qué estado se trate.
            Por el contrario, la mayor parte de los jueces europeos, incluidos los españoles, tienen una legitimidad exclusivamente técnica, de modo que el sistema no prevé la integración del ordenamiento con sus convicciones particulares, sino que les encomienda la tarea de intentar solucionar los casos dudosos y complejos, con un sistema de técnicas que tienden a objetivar la voluntad del legislador. En estos países no rige el sistema del precedente, sino un estricto sistema de legalidad, de forma que no cabe otra vinculación que a la ley. Y por ello también, se aplican sistema de selección que huyen del nombramiento o la elección, y optan más bien por el sistema de oposición, en cualquiera de sus variantes.
Como vemos, no puede tocarse el sistema de acceso de los jueces, sin reformar el íntegro sistema jurídico constitucional, y eso incluye las fuentes del derecho, y las técnicas de aplicación del derecho, porque todo ello incide en la legitimación judicial.
B.- Llegados hasta aquí... por qué el sistema de oposición tiene detractores en España? Es que es malo? Pues no, la verdad es que es bastante bueno, y sus principales críticas se deshacen como azucarillos en cuanto se las considera con un mínimo de seriedad. Veamos:
                        B1.- Las crítica más repetida es verdaderamente la más divertida, y a pesar de su extravagancia tiene un cierto éxito. Se dice q los opositores solo aprenden a ser loros repetidores, y se enfrentan a un esfuerzo que es desproporcionado y estéril en relación a materias que siempre se olvidan, y desestabilizador en lo personal. Esta objeción  da por supuesto que todo opositor (y no sólo los futuros jueces) tienen algún tipo de anomalía psíquica que les impide comprender y asimilar lo que estudian, o aplicarlo luego en la práctica. Al parecer, las personas que accedieran por otra vía, habrían adquirido el conocimiento del derecho sin estudiar, o estudiando por algún sistema que permita recordarlo todo siempre, lo cual es imposible, por supuesto. Se quiere ignorar que todo tipo de estudio y formación lleva aparejado un cierto grado de olvido, lo cual no es nada malo. Durante un tiempo, siendo ya magistrada, colaboré como profesora asociada en la Universidad. Les decía a mis alumnos que no se preocuparan si al acabar la carrera habían olvidado cosas, porque si has sabido algo y lo has olvidado, te quedan las referencias, el cimiento para saber qué y dónde debes buscar; pero si nunca has sabido nada, tienes un agujero negro en el cerebro.
            Para tranquilidad de los lectores, les confirmo que los jueces recién aprobados, como cualquier opositor de otros ámbitos, recuerdan mucho de lo que han estudiado, salen con una formación apabullante, y a pesar de realizar un esfuerzo enorme, están perfectamente equilibrados, entre otras cosas porque todos hemos sido capaces de estudiar, trabajar si ha sido necesario (también mi caso, por cierto), hacer deporte, mantener nuestras aficiones e inquietudes y tomarnos todas las copas que nos ha salido del moño. Claro que hay que renunciar a muchas cosas. Como cualquier otro profesional que pelea duramente por su futuro. Agradezco enormemente a todos los que, al parecer, quieren obtener jueces con una actividad liviana y ociosa. Pero empiecen primero por los médicos, los científicos, o los mecánicos especialistas, y cuando lo hayan logrado con ellos, vuelvan a por nosotros.
                       B2.- Otra crítica frecuente es que la formación de los jueces es demasiado teórica y poco práctica, y que por ello sería mejor reclutar a los jueces de entre juristas ya formados con mayor experiencia. Esta tampoco tiene demasiado fundamento. Basta con recordar lo dicho al comienzo del post. Esto es, que tras aprobar la oposición todavía no se es juez. Hay que pasar un curso exigente en la Escuela Judicial, con un periodo de prácticas. Todo producto humano, y este también, es perfectible. Y sin lugar a dudas hay mucho que cambiar y mejorar en la Escuela Judicial. Pero de ahí a cargarse las oposiciones, va un trecho muy grande. 
                       B3.- También se dice que el sistema de selección de jueces se reserva para personas con un cierto nivel económico, y que propicia jueces conservadores. Esta me parece también, como la primera, especialmente desafortunada, y ya no poco informada, sino directamente basada en presupuestos falsos.
            En cuanto a lo primero, estudiar oposiciones no sale gratis, por supuesto, pero sale mucho más barato que otras opciones formativas. El temario completo, que como acabo de comprobar en la web de la marca más implantada, cuesta 812 €, y no suele comprarse de golpe para evitar el precio de las actualizaciones, no sale por mucho más del importe del material y bibliografía que pueda necesitarse en un par de años de la carrera de derecho. Por su parte, la preparación suele salir entre 100 y 200 € al mes (en algún supuesto aislado me han llegado a mencionar 280 € al mes), los meses en que se asiste, según la ciudad y la modalidad de preparación. Esto es, poco más o menos lo que la matrícula de derecho en una universidad pública, y más barata que cualquier matrícula de ciencias, y por supuesto que cualquier master o formación post grado. Con independencia de ello, existen varias entidades que convocan periódicamente becas para opositores a judicaturas. En fin, por el contrario a lo que suele decirse sin mucho conocimiento, los opositores a judicatura reflejan en este aspecto la variedad de la sociedad española, e incluso algunos de ellos optan por la oposición, porque carecen de medios para acceder a otras opciones más costosas, como las que antes he mencionado.
            En cuanto a lo segundo, no tengo más que remitirme a mi otro post, “SOBRE LA IDEOLOGÍA DE LOS JUECES. Y SOBRE LO POCO IMPORTANTE QUE ESTO DEBERÍA SER”, que podéis visitar en este mismo blog. Solo recordaré aquí que de las encuestas realizadas en su momento sobre este aspecto, deriva que los jueces españoles se sitúan mayoritariamente en el centro izquierda, o quizás por ser más precisos en la izquierda centrada; que ese autoposicionamiento político de los jueces españoles es muy estable a lo largo de los años, con una ligera evolución de décimas hacía la izquierda; y que es especialmente llamativa la esencial coincidencia entre el autoposicionamiento ideológico del conjunto de la población y el de los jueces, aunque en las últimas encuestas disponibles, los jueces se situaban por primera vez algo más a la izquierda que el conjunto de la población. E insistiré una y mil veces, en que tales factores deben ser irrelevantes para un buen juez, consciente del origen y los límites de su legitimación, y capaz de sobreponerse a sus perjuicios. Es una tarea complicada a veces, pero como también los es diseñar un rascacielos, levantar una pared cara vista, o realizar una operación a corazón abierto. Todos los profesionales aplican técnicas y buena praxis, y eso hacen igualmente los jueces.  
            En fin, insisto en que todo puede ser mejorado, y también el sistema de acceso de los jueces españoles. Pero cualquier discusión al respecto debe hacerse, primero, contando con datos objetivos, y no con prejuicios y después, con una valoración completa y sensata del íntegro sistema político constitucional.

            Desde aquí, todo mi cariño y apoyo a los opositores. ¡Seréis grandes jueces!

jueves, 23 de marzo de 2017

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE TRABAJO DE LOS ESTIBADORES

            ¿Qué ocurre con los estibadores? ¿Quién tiene razón en todo lo que está ocurriendo? ¿Qué puede o debe hacer el gobierno al respecto? Vayamos por partes.
            En primer lugar, quizás sea bueno hacer un poco de historia para entender la situación. El régimen jurídico actual de los estibadores hunde sus raíces a principios del siglo XX. El trabajo de estiba era enormemente irregular, en cuanto dependía de que llegaran buques, de la cantidad de la carga, y de su tipo, porque existían trabajadores especializados en las diferentes clases de mercancías. En consecuencia, el empleo permanente era inexistente en el gremio, y los empresarios llamaban a unos trabajadores u otros no solo en función de su especialización, sino también como un sistema innominado de disciplina, en cuanto resultaba muy sencillo prescindir simplemente, sin otras exigencias, del trabajador que resultaba incómodo, cualquiera que fuese la causa.
            Es por esto que el sector de la estiba protagonizó un largo periodo de intensos y prolongados conflictos, que tenían por objeto la consecución del llamado sistema de turno, por el cual los trabajadores solo podían ser llamados si se encontraban inscritos en los listados de las diferentes asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores, y una vez que hubieran rotado todos los incluidos en la lista. Las reiteradas huelgas tuvieron efectos muy distintos. Por ejemplo, el sistema de turno se implantó en el puerto de Las Palmas tras el periodo de huelgas de 1909 a 1911, y por el contrario, no se llegó a implantar de manera estable y duradera en el puerto de Barcelona hasta 1936.
            Ya durante la guerra civil, el ala más radical de la falange se había hecho cargo de la política sindical del franquismo, y se hizo fuerte en varios sectores, incluido el portuario. El trabajo de la estiba, dados los antecedentes que acabamos de explicar, era muy sensible para recoger los postulados de unidad de acción, proteccionismo, abolición de las tensiones sociales mediante la imposición de una aparente armonía, y autarquía, que definían aquella doctrina, por igual anti marxista y anti capitalista. Así que en lugar de abolir el sistema de turno, tal como reclamaban los empresarios, se institucionalizó, desarrollándose y evolucionando en las sucesivas reglamentaciones del trabajo portuario. En el año 1941 se depuró el ala del falangismo que propició aquella regulación, por causas que no viene al caso exponer, y quizás se aprovechó para favorecer, andando el tiempo, a ciertas personas especialmente vinculadas al régimen, a la vez que se aplicaba en algunos puertos, un régimen disciplinario estricto para controlar a los estibadores rebeldes. Pero eso tampoco nos interesa en este momento.
            Lo que ahora importa, es explicar que de aquella situación, derivó la actual, recogida en el vigente Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. En el régimen de prestación de servicios de los estibadores, la norma no aporta nada sustancial, y reproduce el núcleo de los criterios proteccionistas existente desde las primeras regulaciones portuarias y del trabajo de estiba.
            ¿Y qué es eso que tanto molesta a la Unión Europea?. Sencillo. Los estibadores no son trabajadores de la empresas de estiba en las que prestan sus servicios, sino de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, las llamadas SAGEP´s, empresas de titularidad pública, que solo contrata a estibadores con contratos indefinidos, y que los cede a las empresas de estiba que los reclama en los puertos españoles según sus necesidades. Las empresas de estiba, nacionales o extranjeras, no pueden contratar a sus propios trabajadores salvo excepciones, sino que de manera obligada tienen que contar con los estibadores de las Sageps, y para poder hacerlo, además, tienen que participar financieramente en las indicadas Sageps.
            A la vista de la descrita situación, se abrió a España un procedimiento de infracción, que culminó con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11-12-14 (asunto C-576/13). En el caso, la Comisión Europea entendía que “el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (en lo sucesivo, «SAGEP») y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficiente”.
            En la sentencia reseñada, el TJUE no le da demasiadas vueltas al asunto, que en efecto está bastante claro al presentar los estibadores españoles un régimen que podría calificarse de exorbitante. En efecto, el Tribunal observa que tanto la protección de los trabajadores, como la garantía del servicio portuario, pudieran ser una finalidad amparable, pero el modo en que lo hace España se muestra desproporcionado, en cuanto cabrían otras opciones: “… por ejemplo, tal como sugiere la Comisión, cabría la posibilidad de prever que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar libremente trabajadores permanentes o temporales, gestionen las oficinas de empleo que han de suministrarles su mano de obra y organicen la formación de esos trabajadores, o la posibilidad de crear una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas, que funcionen como agencias de empleo temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras”.
            Y termina concluyendo: “procede considerar que la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español objeto del recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada”.
            Llegado este punto, ¿qué puede hacer el gobierno español? En el mero marco teórico, no puede hacer demasiado, salvo dar cumplimiento a la sentencia del TJUE. El Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, intentaba cumplir tal objetivo. En tal solo cuatro artículos y unas pocas líneas, consagraba el principio contrario a lo que venía sucediendo hasta el momento, esto es, de libertad de contratación de trabajadores de la estiba, garantizando su capacitación para el servicio, y previendo la constitución de centros portuarios de empleo. En realidad, gran parte de su contenido, se dedicaba a disposiciones transitorias sobre funcionamiento de las Sagep´s hasta su disolución. Este es el RDL que no ha sido convalidado por el Congreso, de manera que estamos, por el momento, como al principio.
            ¿Qué quieren los estibadores? ¿Y… puede darlo el gobierno?. Los estibadores quieren reducir al máximo la operatividad posible del pronunciamiento del TJUE, y por obvias razones, pretenden hacerlo dando un rodeos, sobre todo, en dos aspectos esenciales.
            En primer lugar, romper el monopolio que los estibadores han ostentado de hecho hasta el momento, implica dejarlos a merced de la ley del mercado laboral, como los demás trabajadores, de forma que puedan o no ser contratados, y además con retribuciones seguramente más conformes al mercado.
            En segundo lugar, los estibadores quieren a toda costa reducir al mínimo posible las consecuencias de la negociación colectiva con las empresas, en esta y en sucesivas e hipotéticas ocasiones. También aquí pretenden evitar el régimen aplicable a cualquier otro sector productivo.
            Para minimizar todas estas consecuencias, los estibadores intentan a toda costa forzar al gobierno a legislar sobre condiciones de trabajo, de manera que se garanticen ciertos aspectos, en especial sobre la permanencia de los puestos de trabajo.
            Cualquier persona familiarizada con el derecho laboral, sabe hasta qué punto puede ser complicado decidir si se produce o no un fenómeno de sucesión empresarial en cualquiera de sus modalidades. Los estibadores lo saben también, y por eso reclaman que el gobierno imponga por ley que las nuevas empresas asuman de forma obligatoria a los trabajadores. Pero esto también muy difícil. No se trata de que España o la Unión Europea no protejan los fenómenos de sucesión empresarial, al contrario. España tiene plenamente traspuestas las Directivas de la UE sobre tal materia, y los tribunales españoles aplicamos la doctrina del TJUE con total normalidad. Pero imponer la subrogación al margen de la negociación colectiva, y de las situaciones concretas que pudieran producirse, no solo sería técnicamente inasumible, sino que equivaldría a dejar de aplicar la sentencia del TJUE, en cuanto se seguiría manteniendo el monopolio de los trabajadores a contratar, eludiendo la libertad de las empresas.  
            En fin, a estas alturas resulta poco discutible que el régimen de los estibadores es, como ya se dijo, exorbitante. La contratación por las Sagpe´s, se ha convertido en un coto cerrado, y los costes de la mano de obra portuaria se encuentra en este momento, muy seguramente, distorsionados. Pero por otro lado, parece también claro que las peculiares condiciones de trabajo de lo estibadores, podrían hacerlos acreedores de ciertas cautelas institucionalizadas, como una auténtica relación laboral especial, que seguramente no ha sido de verdad hasta el momento, a pesar de la inercia en las denominaciones.
            Por otra parte, la Unión Europea no parece muy dispuesta, si se permite la expresión, a “aguantar tonterías”, si se considera las respuestas reiteradas que la Comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, ha dado en sucesivas ocasiones a los ministros españoles, incurriendo incluso en cierta dureza.

            Finalmente, no resultan en absoluto secundarios los específicos factores políticos que han provocado la no convalidación del RDL. Pero sobre estos, como ya se sabe, no suelo hacer pronunciamientos, salvo en sus connotaciones técnicas. Y estas son que el precio que ya estamos pagando por la falta de aplicación del pronunciamiento del TJUE, se carga religiosamente en el bolsillo de los contribuyentes.