jueves, 23 de marzo de 2017

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE TRABAJO DE LOS ESTIBADORES

            ¿Qué ocurre con los estibadores? ¿Quién tiene razón en todo lo que está ocurriendo? ¿Qué puede o debe hacer el gobierno al respecto? Vayamos por partes.
            En primer lugar, quizás sea bueno hacer un poco de historia para entender la situación. El régimen jurídico actual de los estibadores hunde sus raíces a principios del siglo XX. El trabajo de estiba era enormemente irregular, en cuanto dependía de que llegaran buques, de la cantidad de la carga, y de su tipo, porque existían trabajadores especializados en las diferentes clases de mercancías. En consecuencia, el empleo permanente era inexistente en el gremio, y los empresarios llamaban a unos trabajadores u otros no solo en función de su especialización, sino también como un sistema innominado de disciplina, en cuanto resultaba muy sencillo prescindir simplemente, sin otras exigencias, del trabajador que resultaba incómodo, cualquiera que fuese la causa.
            Es por esto que el sector de la estiba protagonizó un largo periodo de intensos y prolongados conflictos, que tenían por objeto la consecución del llamado sistema de turno, por el cual los trabajadores solo podían ser llamados si se encontraban inscritos en los listados de las diferentes asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores, y una vez que hubieran rotado todos los incluidos en la lista. Las reiteradas huelgas tuvieron efectos muy distintos. Por ejemplo, el sistema de turno se implantó en el puerto de Las Palmas tras el periodo de huelgas de 1909 a 1911, y por el contrario, no se llegó a implantar de manera estable y duradera en el puerto de Barcelona hasta 1936.
            Ya durante la guerra civil, el ala más radical de la falange se había hecho cargo de la política sindical del franquismo, y se hizo fuerte en varios sectores, incluido el portuario. El trabajo de la estiba, dados los antecedentes que acabamos de explicar, era muy sensible para recoger los postulados de unidad de acción, proteccionismo, abolición de las tensiones sociales mediante la imposición de una aparente armonía, y autarquía, que definían aquella doctrina, por igual anti marxista y anti capitalista. Así que en lugar de abolir el sistema de turno, tal como reclamaban los empresarios, se institucionalizó, desarrollándose y evolucionando en las sucesivas reglamentaciones del trabajo portuario. En el año 1941 se depuró el ala del falangismo que propició aquella regulación, por causas que no viene al caso exponer, y quizás se aprovechó para favorecer, andando el tiempo, a ciertas personas especialmente vinculadas al régimen, a la vez que se aplicaba en algunos puertos, un régimen disciplinario estricto para controlar a los estibadores rebeldes. Pero eso tampoco nos interesa en este momento.
            Lo que ahora importa, es explicar que de aquella situación, derivó la actual, recogida en el vigente Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. En el régimen de prestación de servicios de los estibadores, la norma no aporta nada sustancial, y reproduce el núcleo de los criterios proteccionistas existente desde las primeras regulaciones portuarias y del trabajo de estiba.
            ¿Y qué es eso que tanto molesta a la Unión Europea?. Sencillo. Los estibadores no son trabajadores de la empresas de estiba en las que prestan sus servicios, sino de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, las llamadas SAGEP´s, empresas de titularidad pública, que solo contrata a estibadores con contratos indefinidos, y que los cede a las empresas de estiba que los reclama en los puertos españoles según sus necesidades. Las empresas de estiba, nacionales o extranjeras, no pueden contratar a sus propios trabajadores salvo excepciones, sino que de manera obligada tienen que contar con los estibadores de las Sageps, y para poder hacerlo, además, tienen que participar financieramente en las indicadas Sageps.
            A la vista de la descrita situación, se abrió a España un procedimiento de infracción, que culminó con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11-12-14 (asunto C-576/13). En el caso, la Comisión Europea entendía que “el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (en lo sucesivo, «SAGEP») y, en todo caso, al no permitirles recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficiente”.
            En la sentencia reseñada, el TJUE no le da demasiadas vueltas al asunto, que en efecto está bastante claro al presentar los estibadores españoles un régimen que podría calificarse de exorbitante. En efecto, el Tribunal observa que tanto la protección de los trabajadores, como la garantía del servicio portuario, pudieran ser una finalidad amparable, pero el modo en que lo hace España se muestra desproporcionado, en cuanto cabrían otras opciones: “… por ejemplo, tal como sugiere la Comisión, cabría la posibilidad de prever que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar libremente trabajadores permanentes o temporales, gestionen las oficinas de empleo que han de suministrarles su mano de obra y organicen la formación de esos trabajadores, o la posibilidad de crear una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas, que funcionen como agencias de empleo temporal y que pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras”.
            Y termina concluyendo: “procede considerar que la restricción a la libertad de establecimiento que resulta del régimen portuario español objeto del recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión constituye una restricción que va más allá de lo que resulta necesario para alcanzar los objetivos perseguidos y que, por consiguiente, no está justificada”.
            Llegado este punto, ¿qué puede hacer el gobierno español? En el mero marco teórico, no puede hacer demasiado, salvo dar cumplimiento a la sentencia del TJUE. El Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, intentaba cumplir tal objetivo. En tal solo cuatro artículos y unas pocas líneas, consagraba el principio contrario a lo que venía sucediendo hasta el momento, esto es, de libertad de contratación de trabajadores de la estiba, garantizando su capacitación para el servicio, y previendo la constitución de centros portuarios de empleo. En realidad, gran parte de su contenido, se dedicaba a disposiciones transitorias sobre funcionamiento de las Sagep´s hasta su disolución. Este es el RDL que no ha sido convalidado por el Congreso, de manera que estamos, por el momento, como al principio.
            ¿Qué quieren los estibadores? ¿Y… puede darlo el gobierno?. Los estibadores quieren reducir al máximo la operatividad posible del pronunciamiento del TJUE, y por obvias razones, pretenden hacerlo dando un rodeos, sobre todo, en dos aspectos esenciales.
            En primer lugar, romper el monopolio que los estibadores han ostentado de hecho hasta el momento, implica dejarlos a merced de la ley del mercado laboral, como los demás trabajadores, de forma que puedan o no ser contratados, y además con retribuciones seguramente más conformes al mercado.
            En segundo lugar, los estibadores quieren a toda costa reducir al mínimo posible las consecuencias de la negociación colectiva con las empresas, en esta y en sucesivas e hipotéticas ocasiones. También aquí pretenden evitar el régimen aplicable a cualquier otro sector productivo.
            Para minimizar todas estas consecuencias, los estibadores intentan a toda costa forzar al gobierno a legislar sobre condiciones de trabajo, de manera que se garanticen ciertos aspectos, en especial sobre la permanencia de los puestos de trabajo.
            Cualquier persona familiarizada con el derecho laboral, sabe hasta qué punto puede ser complicado decidir si se produce o no un fenómeno de sucesión empresarial en cualquiera de sus modalidades. Los estibadores lo saben también, y por eso reclaman que el gobierno imponga por ley que las nuevas empresas asuman de forma obligatoria a los trabajadores. Pero esto también muy difícil. No se trata de que España o la Unión Europea no protejan los fenómenos de sucesión empresarial, al contrario. España tiene plenamente traspuestas las Directivas de la UE sobre tal materia, y los tribunales españoles aplicamos la doctrina del TJUE con total normalidad. Pero imponer la subrogación al margen de la negociación colectiva, y de las situaciones concretas que pudieran producirse, no solo sería técnicamente inasumible, sino que equivaldría a dejar de aplicar la sentencia del TJUE, en cuanto se seguiría manteniendo el monopolio de los trabajadores a contratar, eludiendo la libertad de las empresas.  
            En fin, a estas alturas resulta poco discutible que el régimen de los estibadores es, como ya se dijo, exorbitante. La contratación por las Sagpe´s, se ha convertido en un coto cerrado, y los costes de la mano de obra portuaria se encuentra en este momento, muy seguramente, distorsionados. Pero por otro lado, parece también claro que las peculiares condiciones de trabajo de lo estibadores, podrían hacerlos acreedores de ciertas cautelas institucionalizadas, como una auténtica relación laboral especial, que seguramente no ha sido de verdad hasta el momento, a pesar de la inercia en las denominaciones.
            Por otra parte, la Unión Europea no parece muy dispuesta, si se permite la expresión, a “aguantar tonterías”, si se considera las respuestas reiteradas que la Comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, ha dado en sucesivas ocasiones a los ministros españoles, incurriendo incluso en cierta dureza.

            Finalmente, no resultan en absoluto secundarios los específicos factores políticos que han provocado la no convalidación del RDL. Pero sobre estos, como ya se sabe, no suelo hacer pronunciamientos, salvo en sus connotaciones técnicas. Y estas son que el precio que ya estamos pagando por la falta de aplicación del pronunciamiento del TJUE, se carga religiosamente en el bolsillo de los contribuyentes.

domingo, 15 de enero de 2017

ELOGIO DE LOS ABOGADOS ESCRITO POR UNA JUEZ

         Hace ya unas cuántas décadas, Calamandrei, un jurista ilustre que se enorgullecía de tenerse como abogado, escribió un célebre elogio a los jueces, que hoy una magistrada igualmente orgullosa de serlo, se permite parafrasear para hablar de los letrados, con los que ya a estas alturas de su carrera, ha compartido tantas y tantas vivencias.
            La cosa viene por algo, claro. En el diario el Mundo de hoy, un periodista llamado Hernán Casciari, publica un artículo titulado El peor oficio del mundo, en el que viene a sostener que la profesión de abogado es de las más vergonzantes de la sociedad, y que ha tenido en las redes sociales, por lo que he podido ojear hasta el momento, una gran repercusión entre los concernidos. No pretendo entrar en polémica, y me limito a aprovechar la opinión impresa, sea cual sea su grado de dependencia de la ficción, como mera excusa para contar lo que yo se de los abogados, esto es, lo que he ido aprendiendo de la vida.
        No se preocupen, no pienso explicar en qué consiste la función de los abogados, ni enzarzarme en la distinción de sus diversos tipos, lo que solo serviría para aburrir de manera irremisible a quien se haya dado una vuelta por aquí. Quizás sea mejor recordar ciertas cosas sobre cómo funcionan las cosas en la realidad.
            El autor del artículo comete el grave error de suponer que los conflictos se crean por los abogados, o cuando menos, que estos corren raudos a apoyar a quien los crea injustamente. Por supuesto esto no es así, y la mera utilización de tal presupuesto, aunque fuera como argumento de ficción, demuestra un colosal desconocimiento de la naturaleza humana. El  problema es que las cosas rara vez son blancas o negras, simplemente porque todos los seres humanos tenemos la impertinente manía de desarrollar gustos, hábitos, intereses y creencias muy diversas, y lo que es más, empeñarnos en hacerlos valer y si se puede, prevalecer. Es decir, nos empeñamos en colisionar y pugnar continuamente unos contra otros. Si esto ocurre en una sociedad primitiva, como la que al parecer imagina el articulista, que se refiere a las profesiones existentes antes y después del perder la inocencia, el conflicto se soluciona por la ley del más fuerte. Si se produce en una sociedad evolucionada, el remedio proviene de uno de los recursos más antiguos y a la vez refinados de la civilización humana, el derecho.
           El abogado es un instrumento civilizatorio. Pone a las partes contra el espejo de sus propias pasiones, de sus limitaciones, de sus imperfecciones, les indica por qué pueden ganar o perder, y convierte el impulso de la agresión en el de la discusión racional. Si el abogado piensa que la causa puede ser ganada porque es de justicia, empeñará en ello su alma. Si cree, o quizás sabe, que merece perderse, y su cliente insiste en seguir adelante, empeñará en ello su sentido del deber, porque incluso en el caso del peor delincuente, si hablamos de la jurisdicción penal, debe comprobarse que no se han producido errores ni abusos. No porque lo merezca el delincuente, sino porque lo reclama una sociedad cabal, en la que sufre más el ciudadano justo por la condena de un inocente, que por la absolución de un culpable, o sabiéndolo culpable, no admite que la justicia se confunda con la venganza. 
            Habrá abogados malos, oportunistas o desleales, solo faltaba, como al parecer y como vamos comprobando, existen personas insufribles en todos los ámbitos, incluido el periodístico. Pero en su mayoría, cada cual con su estilo, los abogados son buenos profesionales. Están acostumbrados a lidiar con las sorpresas y contradicciones de la vida, de las que tantas veces forman parte, también, las decisiones judiciales. Saben lo que es el sufrimiento, el desengaño, y la traición, porque son los materiales con los que tantas veces tienen que trabajar. Y aún así difícilmente renunciarán a ese esfuerzo civilizatorio con el que están firmemente comprometidos. Debo decir que de todas las profesiones que conozco, la de los abogados es la que más difícilmente pierde la pasión. Recuerdo a varios abogados experimentados, incluso a punto de jubilarse, confesando que todavía, a estas alturas de su vida, la noche anterior a un juicio conciliaban mal el sueño, repasando hechos y argumentos, como un joven letrado recién estrenado.
            Desde que me dedico en mayor medida a resolver recursos, he perdido una de las cosas que más me agradaba del juzgado. Estar en contacto con los abogados, que siempre tuvieron abierta la puerta de mi despacho, y que aún la tienen cuando se pasan por la Sala para saludar. No se trataba solo de solventar problemas, sino también de disfrutar de aquella fuente continua de criterio, experiencia e inteligencia. Debo yo también reconocer una cosa. No lo duden, ser juez es una de las cosas más bonitas del mundo. Y una de las mayores emociones, cuando en un juicio levantas la vista de los papeles para mirar a los ojos a un abogado que reconoces especial, que ha llamado tu atención por la calidad de su exposición, que reta al contrincante, pero también a ti, con limpieza, matiz, buena oratoria (que no retórica) y mejores razones. Créanme amigos, qué magnífico espectáculo!! Iudex dixit.  

jueves, 20 de octubre de 2016

QUÉ ES LA VIOLENCIA

            Voy a ser concisa y breve. Al grano.
            Estamos viendo en estos días, cómo algunas personas justifican actos que implican privar a otros de su libertad de acción, con el argumento de que tal actitud es muy sana desde el punto de vista democrático y que conminar, gritar y empujar, no son actuaciones violentas.
            Pues bien, para que haya violencia no es necesario que se parta la cara o se mutile a alguien y por el contrario, son violentas una multiplicidad de conductas que, esto sí, pueden implicar desde una violencia leve a una más grave. Por una vez la terminología común y la jurídica no andan muy lejos.
            Para el diccionario de la RAE, “violentar” es, entre otras cosas, “poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje”. Y “violento-a” es, también entre otras cosas, “que implica el uso de la fuerza, física o moral”. Esto es, desde la perspectiva del lenguaje común, y del medio social en el que todos nos movemos, el empleo de fuerza física o moral puede ser violento. Esto es una perogrullada, y cualquiera ha podido constatarlo en la vida ordinaria, pero al parecer hay que recordarlo, aunque ahora venga muy bien para nuestro segundo paso.
            Desde la perspectiva jurídica, la violencia puede ejercerse de muchos modos distintos. Pero ahora nos interesa solo el derecho penal, y dentro de éste un delito en concreto, el de coacciones del art. 172 del CP, que castiga al “que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”, con diferentes penas “según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”. Nos interesa no solo porque pudiera reflejar muy bien conductas del tipo al que nos venimos refiriendo, sino porque el Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina que nos viene al pelo para explicar qué es la violencia, y que es además, como verán de inmediato, muy “bonita”.
            Para el TS (vid., p. el, la sentencia de 17-7-13 –rec. 2253/12), “la vis o fuerza empleada por el sujeto activo del delito de coacciones no sólo comprende los casos de violencia física como tal, sino que incluye cualquier ataque a la voluntad de la víctima, pues con ello también se limita su libertad”. Acto seguido explica que junto a la vis física o acometimiento, debe considerarse la vis compulsiva o intimidación, y la vis in rebus o fuerza en las cosas. Y por eso mismo se han incluido como coacciones a lo largo del tiempo, las actuaciones abusivas de los cobradores de morosos, o los cortes de suministros de luz o agua para intentar desalojar injustamente a inquilinos, y por supuesto, la aplicación de fuerza, aún leve, en las personas.
            Terminaré con una de las frases del TS, que me parece, dada las circunstancias, una luz de sentido común en el camino: “La mera restricción en la libertad de obrar supone de hecho una violencia y, por tanto, una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción”.
            Moraleja. Mucho cuidado con las personas que defienden, contra el sentir común y el derecho, que ciertos actos no son violentos, sugiriendo o insinuando que solo lo serían si fueran aún más graves. Quizás quieran así dejar un amplio espacio de violencia para que ellos mismos, o la gente con cuyos fines simpatizan, transiten impunes sin que los demás podamos ni siquiera protestar, no vaya a ser que resultemos ser virus antidemocráticos frente a una actitud tan sana e irreprochable, y merezcamos una bofetada, eso sí, no violenta.

            Y como Forrest Gump, esto es todo lo que tengo que decir (por el momento) sobre este asunto.  

lunes, 25 de abril de 2016

SOBRE LAS CONFERENCIAS DE LOS JUECES ESPAÑOLES

            El hecho de que los jueces españoles puedan impartir conferencias y ponencias no es una cuestión de legalidad, sino de ética judicial. Lo cual no es moco de pavo, pero es muy distinto.
            El régimen de incompatibilidades no impide dichas actividades, que se encuentran incluidas en la “docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquélla”, cuyo desarrollo le está permitido a los jueces españoles, como por cierto,  a los de cualquier lugar del mundo, en los que causaría verdadera extrañeza que se intentaran impedir.
            Relacionar con el régimen retributivo el hecho de que los jueces puedan impartir conferencias y ponencias, o publicar libros y artículos o dar clases, puede generar graves malentendidos y desenfoques del problema. Es cierto que en todos los sistemas jurídicos evolucionados, y por supuesto en los europeos, el régimen general de incompatibilidades se relaciona con el retributivo. A mayores incompatibilidades, el profesional afectado genera un derecho a mayores retribuciones para compensar las prohibiciones. Eso ocurre igual para un empleado público, que para un trabajador al que se le impone una cláusula de exclusividad, que obviamente debe ser compensada.
            Ahora bien, el régimen retributivo de los jueces no se relaciona tanto con su régimen de incompatibilidades, de los más estrictos, sino más bien con la garantía de su independencia. Y por ello el Informe sobre la Independencia Judicial de la Comisión de Venecia, concluye que la remuneración de los jueces debe fijarse en equiparación a los funcionarios de más alto nivel, por considerarse la remuneración satisfactoria, indispensable para proteger a los jueces contra injerencias externas indebidas.
            Pero cualquier interesado en el tema, ya habrá observado que aquí no estamos hablando de actividades prohibidas, sino permitidas. Y lo primero que habrá de preguntarse es por qué se permiten.
            La primera respuesta implica el aspecto positivo de la cuestión, y por alguna misteriosa razón parece concitar menor atención. A los jueces se les requiere su intervención en tales eventos porque son excelentes juristas. Es más, algunos de los mejores de España están en la carrera judicial, y sus miembros, particularmente en ciertos ámbitos y niveles funcionales, tienen formación, ideas e iniciativas que el resto de los operadores jurídicos quieren conocer y debatir, promover o atacar. Forma parte del mundo del derecho, vivo y mutante como pocos. Sugerir siquiera que los jueces sean apartados sin más del ámbito de las conferencias, resulta tan extraño como pretender que en los congresos médicos no haya médicos, y solo puedan asistir profesores universitarios. Por cierto que en alguno países, como los anglosajones, que no permiten a sus jueces la docencia, sí que se les permite la participación en cursos y conferencias.
            La segunda respuesta implica el aspecto negativo, y dando por sentado que la relación incompatibilidad-retribución existe, rebaja o desvirtúa su importancia. Los jueces dan conferencias como derivación de su propia competencia, generalmente admitida en la mayoría de los casos, participando en aquel apasionante proceso de formación del derecho. Pero no para constituir tal actividad en una segunda fuente de ingresos. De hecho, en el improbable caso de que esto sucediera, algo extraño estaría ocurriendo, y el juez concernido debería plantearse muy seriamente qué es lo que está permitiendo que suceda a su alrededor. Solo en una ocasión que yo haya tenido noticia, un juez, que ya está fuera de la carrera, constituyó la impartición de conferencias en una fuente relevante de ingresos, no tanto por su frecuencia, sino por el caché que pedía, que era, según mis fuentes, más propio de la figura pública en la que se había convertido.
            Ahora bien, que el juez pueda impartir cursos o conferencias, no significa que pueda hacerlo sin limitación alguna. En esto, como en tantas otras situaciones, el juez debe someterse a sí mismo a un exigente escrutinio de oportunidad. Por cierto, no creo que este chequeo, por supuesto, de contenido ético, deba fundarse solo en la personalidad de la entidad que organiza la actividad, aunque sin lugar a dudas, este es un factor a considerar. De un lado, colegios profesionales, mutuas, y asociaciones son susceptibles de organizar eventos de gran prestigio. Y al contrario, incluso si adoptamos una posición restrictiva, y decimos que los jueces solo asistan a las convocatorias de ciertas entidades (p. ej., universidades u organismo públicos), resulta que también éstas pueden ser parte en cualquier tipo de procedimiento, como de hecho ocurre con cierta frecuencia. Para eso, en todos los casos, están, si se estima necesario, la institución de la abstención.
            A la personalidad de la entidad promotora, deben añadirse otros aspectos creo yo que de mucha mayor importancia, relativos a la materia de la que se vaya a tratar, y la finalidad que se quiera dar al evento, el tipo de asistentes con los que se ha de compartir la actividad, o que la misma quiera hacerse coincidir con otras que expongan al juez a influencias indebidas.
No soy una persona corporativista, así que puedo permitirme constatar que en nuestro país, un cierto tipo de juez está demasiado acostumbrado a invocar la libertad de expresión, sin reflexión alguna en cuanto a sus restricciones en la función judicial, que las tiene, para hacer luego lo que le da la gana, que no siempre es lo más correcto. Me parece mucho más recriminable participar en ciertos foros lanzando mensajes de contenido político, que hacerlo para realizar un trabajo de estricta divulgación jurídica, aunque resulte a posteriori que el organizador era un presunto delincuente.
Y como no soy corporativista con mi profesión, con mayor motivo puedo mostrarme crítica con otras, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,  cuestionan las posibilidades profesionales de los jueces, con criterios poco serios y rigurosos. Existe mucha información fácilmente disponible sobre derecho comparado de un lado, y sobre las bases institucionales de la función judicial de otro, que con seguridad permitirían afinar mucho más las opiniones.
Me gustaría cerrar este pequeña aportación recordando el incidente que se produjo en abril de 2015 en Conferencia sobre derecho de la Commonwealth que se celebraba en Escocia, y a la que estaban invitados para impartir sus respectivas charlas varios jueces británicos (escoceses, ingleses y galeses). Todos ellos excusaron su presencia porque en el mismo foro intervendría también mediante video conferencia Julian Assange, circunstancia que no había sido previamente anunciada.  Y no se consideró apropiado que los jueces coincidieran con un prófugo de la justicia. Tal reacción fue objeto de atención por los medios de comunicación, que relató los hechos sin mayores aspavientos. Y de la airada reacción del abogado del Sr. Assange, que consideraba la decisión como una forma de censura. Nada más lejos de la realidad. Los jueces no tenían la más mínima intención de censurar al Sr. Assange, que podía intervenir diciendo lo que le diera la gana. Pero del mismo modo, ellos no podían ser obligados a coincidir en un foro con una persona que por su perfil, y de acuerdo con los cánones éticos de los jueces británicos, resultaba inapropiada.
El mundo jurídico-político anglosajón es fascinante en muchos aspectos. Implica altas exigencias para sus jueces, pero también una envidiable formación y compromiso tanto de la opinión publica como de los medios de comunicación. Qué envidia (sanísima, of course). 

jueves, 28 de mayo de 2015

¿ES NECESARIO UN CÓDIGO ÉTICO PARA LOS JUECES ESPAÑOLES?

                Me preguntan algunos compañeros por qué es necesario, en mi opinión, un código ético para los jueces españoles. Bueno, quizás no lo sea, como no es necesario para el ser humano lo que no sea imprescindible para la supervivencia, esto es, todo lo que no proporcione calor, comida, cobijo y poco más. Por eso somos lo que somos, y no todavía seres primitivos pendientes de una rama. Porque tenemos lo innecesario, la cultura, el arte, ciencia, la tecnología aplicada, y otras veleidades por el estilo.
                Necesitamos la ética judicial ya no porque nos hace mejores, sino dada la situación en la que vivimos como colectivo, porque nos hace, simplemente, y ni más ni menos. Me explicaré, y lo haré empezando por dejar muy claro lo que NO es un código ético para jueces, para luego, de manera correlativa en cada caso, explicar lo que SI es.
A.-            Un código ético no es un instrumento impuesto desde el exterior, sino auto otorgado y libremente asumido por el colectivo al que se refiere. Por su propia naturaleza, no puede ser hetero impuesto, y si así fuera sería otra cosa. Por eso mismo el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que es aplicable  en España, nació muerto. Se pensó como una loable iniciativa de Cumbre Judicial Iberoamericana en la que se integra nuestro país, se redactó por dos catedráticos, y no se sometió a la aprobación de los jueces españoles, de forma que sin debate interno y sin asunción posterior, nadie se siente vinculado al mismo. En realidad ni se conoce, y no se utiliza por tanto como un instrumento de reflexión e inspiración para situaciones dudosas. Y pesar de ello, ha sido aprovechado por dos veces por el CGPJ como elemento interpretativo para archivar sendos expedientes disciplinarios.
                Un código ético es más bien un conjunto de principios y valores que definen el modelo judicial de cada país, de acuerdo con el marco constitucional que lo legitima y define sus poderes. Tales principios y valores son detectados y extractados por los propios jueces concernidos. Por ello sirven de orientación  en los casos en los que resulte dudoso cuál deba ser su conducta. Y en tal sentido constituye un instrumento valiosísimo de lo que a mí me gusta calificar como “autodefensa”. Porque el juez que adecua su actuación a los principios y valores previamente definidos por el colectivo, no puede ser luego inquietado por el resultado de tal conducta. Y si se producen perturbaciones por agentes externos (las partes, la prensa, el propio CGPJ), el juez puede hacer valer su sometimiento a los valores éticos del código, que hace su conducta irreprochable.
                Como es bien sabido, en este momento existe un grupo de trabajo constituido en el seno del CGPJ para crear un código ético de los jueces españoles. Tal iniciativa podría haber surgido directamente de manera asamblearia de un conjunto de jueces promotores. O de las asociaciones judiciales. O de las juntas de jueces. Pero se ha promovido en el seno del CGPJ no tanto como una iniciativa institucional, sino para servir de cauce y soporte a lo que habría de ocurrir después, mucho más complejo y diverso. Afirmo, porque lo sé, que los vocales del Consejo implicados en el proyecto se han ofrecido de manera franca y reiterada al grupo de trabajo para apartarse del mismo si su presencia se interpretase (creo yo que injustamente) como un obstáculo.
                Afirmo también, con igual grado de conocimiento, que en este momento el texto oficial no se ha empezado siquiera a redactar. Que las primeras propuestas con contenido relevante, necesariamente genéricas y embrionarias, han surgido de los talleres de trabajo desarrollados en el seno del curso de ética judicial que tuvo lugar en Madrid la semana pasada. Y que está en cuestión hasta el propio nombre del instrumento; de hecho, la propuesta surgida del mencionado curso sugiere que no se emplee el término “código”, por sus discutibles implicaciones, sino el de “principios éticos de los jueces españoles” u otro similar.
B.-            El código ético no es un instrumento disciplinario, ni puede serlo dado su naturaleza y contenido. No incorpora una descripción de conductas exigibles desde la perspectiva sancionadora. Esa es cuestión que compete a otros ámbitos.  
                Ahora bien, que no sea un instrumento disciplinario, no significa que no pueda tener sus efectos en dicho ámbito, pero como ya dije, en sus manifestaciones de autodefensa corporativa o profesional, como ya ocurre con otros colectivos, y por lo tanto de manera justamente contraria a como a veces se sospecha o malicia.  Porque igual que los periodistas invocan sus principios éticos de actuación incluso frente a sus empresas cuando éstas les reclaman ciertos comportamientos o les exigen responsabilidades, del mismo modo los principios éticos judiciales pueden invocarse para servir de interpretación a las infracciones tipificadas. Es decir, servirían de interpretación los criterios fijados por el propio colectivo, no por ninguna entidad ajena al mismo.
                Un querido compañero me sugirió la consideración de la STS (sala III) de 7-6-10 (rec. 2651/08), que al resolver un asunto relativo a la colaboración de los graduados sociales en el pago de prestaciones de seguridad social a sus clientes, dice lo siguiente: “De modo que los colegios ordenan el ejercicio de la profesión en aquellos aspectos que justifican su actuación, como son los de establecer los códigos de conducta de los profesionales que los integran, fijar los criterios deontológicos necesarios, ostentar la potestad disciplinaria en sentido amplio, fijando los tipos y sanciones que se puedan imponer a quien quebrante los códigos éticos, establecer las normas por las que se rigen Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior, tareas asistenciales a los colegiados etc”.
                Pues claro. Los colegios profesionales pueden vincular, si quieren, sus códigos éticos a sus respectivos regímenes disciplinarios, porque a tenor de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, asumen a la vez y entre otras, las funciones de representación de sus asociados, de ordenación y defensa de la profesión, y las facultades disciplinarias. Pero eso no ocurre con el Poder Judicial, que obviamente no es un colegio profesional, como no lo es el CGPJ. El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y por ello tiene atribuidas las facultades disciplinarias, por cierto, no lo olvidemos, reguladas en una ley orgánica, de manera que nada puede hacerse al respecto mediante un reglamento. Pero como señalaron las SSTTCC 45/1986 de 17 de abril y 108/1986 de 29 de julio, el CGPJ no representa al poder judicial, esto es, a cada juez o magistrado, ni siquiera a efectos procesales.  Vela por la independencia del poder judicial, pero no puede asumir iniciativas que implique el ejercicio de una representación que no ostenta. De manera que no puede aprobar un código ético cuya validación no le corresponde.
                Es más, otro de los aspectos discutidos es cómo debería asumirse por el CGPJ el código ético ya terminado, si es que lo hace. La opinión más fundada que he oído al respecto, es que debería adherirse al mismo mediante una declaración formal, en cuanto órgano de gobierno del poder judicial, igual que lo harían los jueces a título particular (se sugiere que por medios telemáticos), las juntas de jueces, o las salas de gobierno.
C.-            Un código ético, si es tal, no es un producto pormenorizado, empaquetado y cerrado, que nace para no servir, para petrificarse y nunca evolucionar.
                Precisamente porque no contiene una lista detallada de conductas, sino principios y valores, recomendaciones y situaciones previsibles de carácter general, su actualidad se mantiene a través de las consultas que de manera voluntaria, cada juez puede dirigir al Comité Ético, formado normalmente por jueces nombrados entre los jueces, que resuelve las dudas sobre casos concretos. Tales soluciones, no vinculantes, se comunican al interesado, y se hacen públicas de manera anónima, de forma que integran un acervo que complementa y actualiza los principios y valores declarados y aprobados por la carrera judicial.
D.-            Un código ético no es, ni puede ser,  un instrumento generado de manera precipitada, maquinal o irreflexiva. Por el contrario, debe generar una reflexión y deliberación colectivas y con ello, la posibilidad de una cohesión corporativa, casi un momento constituyente del que tan necesitados estamos.
                En los últimos tiempos la carrera judicial se ha visto fraccionada y desmoralizada, ensimismado cada juez o magistrado en su enorme responsabilidad profesional, acusada de una politización inexistente en buena parte de los miembros reales del poder judicial, menospreciada por el poder político, al que tanto conviene un poder judicial débil, e incomprendida por la mayor parte de una sociedad traumatizada por la crisis económica.
                Quizás este sea un buen momento para parar, mirarnos a nosotros mismos, identificarnos como colectivo con problemas específicos y sobrada dignidad. Definirnos como jueces, explicar lo que somos, lo que nos limita y lo que nos alienta.
                Para esto hace falta con seguridad una buena dosis de introspección y autoanálisis. De nosotros mismos para empezar. Tenemos que rescatarnos de este marasmo profesional, que en todo parece invadirnos salvo para matarnos a trabajar.
               También del CGPJ y de las asociaciones judiciales; al uno y a las otras se dedicaron por cierto sendas propuestas en el curso antes aludido. Con respecto al CGPJ, habrá cometido errores en este mandato, pero el promover un código ético no está entre ellos. Con respecto a las asociaciones, también los habrán cometido, pero no creo que puedan permitirse el hacerlo en relación a esta iniciativa, por más que sea tan fácil socavar el proyecto al amparo de una pretendida prudencia.
                No se si he conseguido convencer a mis compañeros reticentes de la utilidad de un código ético judicial. Si aún os falta un poco y dudáis, pero pensáis que merece la pena dar una oportunidad a este proyecto, no os quedéis quietos. Hablad entre vosotros, deliberad, pedid información, reclamad, increpad, a los delegados territoriales del grupo de trabajo, a los decanos, a las salas de gobierno, al CGPJ, a vuestras asociaciones, a quien sea.  Quizás sea el momento de intentar algo todos juntos.